El Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza
desprecia y abandona a las víctimas de los crímenes contra la humanidad
cometidos en el municipio durante la dictadura franquista
El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por el Partido Popular y conformado en coalición con Ciudadanos, ha desistido del proceso penal instado en los Juzgados de Zaragoza en el que se denunciaban los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista contra los vecinos y vecinas del municipio.
Esta decisión deja en desprotección a las familias de 33 personas represaliadas que denunciaron 108 delitos, todos ellos cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos en Zaragoza entre 1936 y 1977, y que integraron la querella criminal que interpusieron en enero de este año conjuntamente con el propio Ayuntamiento.
El pasado 18 de julio dicha querella fue archivada por el del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Zaragoza. Una vez más, la judicatura se apoyaba en una interpretación de la ley de amnistía y una concepción del principio de legalidad penal contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incurriendo en una grave ilicitud de carácter internacional tal y como ha recordado al Estado español en reiteradas ocasiones diferentes
organismos de las Naciones Unidas.
El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado desistir del recurso de apelación interpuesto por los querellantes ante la Audiencia Provincial contra la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción lo que implica el abandono del proceso judicial y por consiguiente de las víctimas y familiares que interpusieron la querella de forma conjunta con el Consistorio.
El nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (Partido Popular y Ciudadanos), con esta decisión, desprecia a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, ignorando supinamente el contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. Dicha decisión contrasta enormemente con los posicionamientos que mantienen ambas formaciones
políticas con otras víctimas de violaciones de derechos humanos, por ejemplo con las víctimas de ETA. Es obvio que dependiendo del victimario el tratamiento es totalmente distinto, discriminándose en este caso a todas aquéllas víctimas y familiares de represaliados durante la dictadura franquista.
Recordamos una vez más que las graves violaciones punibles de Derechos Humanos no pueden quedar impunes, que los crímenes denunciados son inamnistiables e imprescriptibles y que la tipificación del crimen de lesa humanidad, con independencia de cuando fuera incorporado como tal a nuestro derecho interno, se encontraba tipificado en el ámbito internacional con anterioridad a que sucedieran los hechos objeto de denuncia.
Como señaló el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, no falta derecho sino voluntad política para que las víctimas de la dictadura franquista tengan un reconocimiento efectivo por parte del Estado español a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Aún a pesar de todo ello las víctimas y sus familiares continuarán con la tramitación del proceso judicial, pues debemos recordar que los derechos humanos y su reconocimiento están muy por encima de decisiones políticas de carácter partidista alejadas de parámetros mínimamente democráticos.
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